El FBI: permiso para el asesinato político

José Arsenio Torres/ El Vocero
11 de diciembre de 2009

Puerto Rico ha sido, durante el medio milenio pasado, un país civilista. A decir de algunos, dócil, aguantón, cuando no cobarde en su dimensión colectiva. A nivel personal, pasional, provoca la sangría por dame acá estas pajas, pero colectivamente ha  sido  timorato- como en la hora  que vivimos   mientras  participa masivamente  en  los  procesos electorales, aún bajo la democracia recortada que vivimos.

Después del fallido “grito” de 1868, hay que esperar, históricamente hablando, hasta 1950, para una expresión significativa, violenta, del nacionalismo puertorriqueño contra lo que ha considerado regímenes opresivos, primero por España y luego por los Estados Unidos, contra los derechos naturales de la nación puertorriqueña. Luego, la espera se extiende indefinidamente  hasta nuestros días, a pesar del supuesto movimiento de Los Macheteros, cuya existencia, después del asesinato de Filiberto Ojeda por el FBI de Luis Fraticelli y José Figueroa Sancha, el pueblo mismo pone en duda.

Nuestra indignación por las agresiones del FBI contra el movimiento independentista más revolucionario –en ideas, que no en acciones–, como se ilustra en el asesinato del hijo de Juan Mari Brás y Paquita Pesquera, no puede ignorar el hecho histórico de los asesinatos  intentados,  aunque fallidos,  de don  Luis  Muñoz  Marín  a principio de los años cincuenta, tanto en Fortaleza como en  la Casa Blair,  residencia del presidente Truman, en 1954. A partir de entonces, la violencia como método ha desaparecido del ámbito público del País, a no ser que se cuente el movimiento inédito dde Los Macheteros.

Todo lo anterior, sin embargo, ocurrió en y se refiere al ámbito político de la vida puertorriqueña. Es decir, los episodios de violencia se pensaron o se concretaron desde la sociedad civil o comunidad política que se sentía agraviada, individual o colectivamente.

El independentismo pagó, por décadas un precio muy alto por su participación, real o imaginada, por ese supuesto proceso de peligrosa subversión, que residía más en las cabezas febriles de nuestra Policía y el FBI que en la realidad concreta del País.

De una manera o de otra, dos grandes puertorriqueños, dos patriotas, pagaron con sus vidas por su valor personal y su patriotismo según, en sus limpias motivaciones, ellos lo entendían.      ·

Ahora bien, esta moneda del patriotismo hasta la muerte, cualquiera que sea la interpretación de- cómo se vivieron esas vidas y cómo se fundieron con el País en la lucha, tiene otra cara, en el Caso de Filiberto Ojeda explícitamente, y en el caso de Santiago Mari Pesquera por confesión documental del FBI mismo. En otras palabras, dos crímenes de Estado, ausentes, en ambos casos, la responsabilidad de la agencia de  proteger la vida de los ciudadanos y su deber de de decir la verdad a tiempo para salvar vidas y mantener el honor que el pueblo ingenuamente le atribuye.

El lector notará la índole radicalmente distinta de las actuaciones  que comento. En el primer caso se trata de las actitudes y los hechos de ciudadanos y actos particulares, realizados con razón o sin ella. Si son punibles bajo nuestro Estado de Derecho, que se realicen los procesos judiciales correspondientes, conforme a las premisas constitucionales y las disposiciones de ley aplicables. No el asesinato 'ultra vires', a manos o alentado dicho asesinato por los funcionarios de la ley. En el caso del asesinato de Filiberto Ojeda en forma directa, en el caso de  Chagui Mari Pesquera en forma delegada. Porque cuando usted es un funcionario de la ley, si sabe que se planea un asesinato, y conoce los actores, y conoce la víctima acechada, y no lo evita, con todos los poderes y recursos para hacerlo, el asesinato es suyo, porque patentemente se realiza con su visto bueno.

Sorprende, hasta la médula de la conciencia, que el Gobernador de Puerto Rico no haya expresado SU repudio a tales tácticas delictivas del FBI en el caso de Juan Mari y su hijo, a manos de unos cubanos enfermos y por la libre, como en su día y en el caso de Filiberto Ojeda protestaron Aníbal Acevedo Vilá  y su secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, para honra de ellos y de Puerto Rico. ¿Qué daño político puede hacerle a Luis Fortuño la defensa del derecho a la justicia para con un adversario político a tres décadas y media de distancia histórica? Claramente la pequeñez de espíritu no  atiende distancias.

Me pregunto también, con excepción de la iniciativa legislativa del representante Charlie Hernández en la Cámara de Representantes, para que ésta solicite toda la documentación sobre el caso Mari Brás y la actuación criminal del FBI, ¿qué ha dicho y hecho la dirección del Partido Popular Democrático para aclarar en este asunto, el record sucio del FBI? ¿No será porque la administración de Rafael Hernández Colón estaba jugando sucio también, con los independentistas y con el FBI? Que hablen, que aclaren, que digan, porque el pueblo quisiera saber su diferencia de For tuño y los alicates PNP del FBI. Por el Secretario de Justicia no pregunto, porque sencillamente no existe. Me recuerda al poeta: "Me gusta cuando calla, porque está como ausente".

El cuadro espeluznante de la criminalidad en el País no está como para añadirle los asesinatos políticos, cometidos en el pasado y condonados en el presente, mediante  el silencio y la cobardía. Una cosa hemos confirmado, más que descubierto: que las diferencias entre Carlos Romero y Rafael Hernández Colón nunca existieron, más allá de los votos para uno o el otro. Los siameses que hoy unen las escoltas, en los años setenta y ochenta estuvieron unidos en el alcahueteo del FBI y la Policía de  Puerto  Rico  contra las libertades civiles y políticas, empezando tan temprano como en 1968.

El caso FBI-Juan Mari debe alertar a nuestro pueblo sobre el macartismo estrafalario de un tal Arango, en su faena de tapar el desastre PNP-Fortuño con el odio anti­independentista. Los comerciantes políticos no tienen cabida cuando se tratan asuntos serios de nuestro País, que no es el suyo.